[resumen.cl] Con la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de anular las deudas educativas de dos mujeres, tanto con el CAE y como el Fondo Solidario, ordenando que sus registros fueran borrados en la Tesorería, en el comercio y la banca, sentando a su vez precedente jurídico en la materia para las miles de personas con este tipo de endeudamiento.

Las afectadas que presentaron los recursos de protección son, por una parte, Javiera Mancilla de Chiloé, quién en 2016 se acogió un Procedimiento Concursal de Liquidación (PCL), por lo que su registro de morosidad debía ser borrado, incluyendo las deudas que contrajo por cursar educación superior. Asimismo, Carla Araya, hizo lo propio en febrero de 2018, para darse cuenta que la Universidad Austral (UACh) la mantenía en su base de datos de deudora de casi 7 millones del Fondo Solidario.

Ambas presentaron un recurso de protección para corregir esta situación, tanto en las cortes de Puerto Montt como de Santiago junto al grupo «Defensa deudores», los que fueron rechazados por los dos tribunales, por lo que acudieron al máximo tribunal para realizar la apelación.

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Así, la Corte Suprema indicó que al buscar volver a ser «sujeto de crédito» por solicitar la quiebra de una persona, toda deuda debe quedar anulada y borrada del sistema, incluyendo las educativas. Así lo estableció dos fallos, el primero del 27 de mayo y el segundo del 20 de julio.

"Prácticamente a seis años de vigencia de la Ley de Insolvencia, por fin vemos reflejado en un fallo de la Corte Suprema que la normativa aplica a cualquier deudor sin discriminar entre deudores de primera y segunda clase", explicó el abogado Ricardo Ibáñez de Defensa Deudores en declaraciones recogidas por Radio Bio Bio.