Contradiciendo sus propios dichos acerca de los riesgos y perjuicios implicados en que Chile adscriba al acuerdo político y comercial TPP-11, el gobierno de Gabriel Boric ha resucitado el interés por ello, que parecía haber sido desahuciado con el fin del periodo de Sebastián Piñera.

Aniceto Hevia

Los funcionarios gubernamentales han planteado que gestionarán acuerdos bilaterales con los Estados hasta ahora suscriptores, dando a creer que conseguirán condiciones excepcionales y menos lesivas para Chile. En este sentido, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló que "el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales ha estado trabajando con los distintos países signatarios para ver la subscripción de side letters que nos permitan poder cumplir con el programa de Gobierno y avanzar con el TPP-11, pero haciéndonos cargo de algunas de las críticas". Sin embargo, la autoridad no se hace cargo del hecho que las cláusulas del acuerdo ya están cerradas y, en consecuencia, los supuestos compromisos bilaterales carecerían de poder vinculante.

Los perjuicios y lesiones a la soberanía nacional que comporta el llamado Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) tienen relación con la obligación del Estado chileno a someterse a las decisiones de entidades de arbitraje internacional, donde pueden recurrir empresarios (inversores) que consideren a sus inversiones afectadas por una situación dependiente del Estado del territorio donde opera. En el caso chileno, esto puede ocurrir cuando aumenten los impuestos a una empresa extractora de recursos naturales, se establezca una norma de salario mínimo mayor que el existente, se regulen las operaciones de las AFP o se ponga fin a ellas, se conformen empresas estatales que produzcan bienes y servicios a costos competitivos con las que ya funcionen, se implementen normas eficaces en la protección ambiental y de las comunidades que habitan el territorio nacional, entre otras situaciones en el mismo sentido.

Este año, la plataforma Chile Mejor sin TLC informó que solo entre los años 2019 y 2021, en plena pandemia, Chile fue objeto de cuatro demandas de este tipo, basadas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2 casos), y en tratados bilaterales de inversión con Francia y Suiza. Entre los demandantes estuvieron Groupe ADP (Aéroports de Paris) y Vinci Airports por pérdidas debido a la baja de tráfico aéreo en Aeropuerto de Pudahuel; Ohio National Insurance y Met Life por el retiro de rentas vitalicias, considerándolas medidas expropiatorias, que deben ser objeto de pago inmediato al valor justo del mercado. Y, por su parte, la empresa Suez de Francia anunció una demanda por finalización de su contrato luego del vertido de petróleo en la planta de agua potable de Caipulli en Osorno.

Del conjunto de Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, una de las entidades más recurridas es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y Chile ha sido signatario de su convenio, por lo tanto se ha sometido a sus fallos. El CIADI es una institución integrante del Banco Mundial, fundada en 1966 para dirimir controversias entre Inversor (empresa) y Estado. Los árbitros a cargo de los procedimientos son tres: dos de ellos pueden ser elegidos por cada parte y el tercero de común acuerdo, aunque, por ejemplo no podrán tener la nacionalidad del Estado contratante. Si una o las dos partes no han elegido al árbitro correspondiente en un plazo de 90 días, el Secretario General podrá hacerlo a discreción.

Los tribunales destinados a dirimir sobre las reclamaciones hechas por los inversores se conforman exclusivamente para emitir un fallo respecto a una reclamación en particular, luego de lo cual se disuelven. Estos mismos tribunales deciden sobre su competencia para fallar respecto a una controversia determinada, también deciden sobre la validez de las peticiones de revisión y anulación de los laudos. O sea, el propio CIADI actúa como juez y parte sobre sus propias decisiones. No hay ninguna institución por sobre la autoridad de este tribunal y, en consecuencia, cuando se confirma un laudo, este es inapelable. De hecho, el artículo 54 del Reglamento consigna: «Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado».

En particular, las cláusulas del TPP-11 establecen que sólo Inversores podrán demandar a Estados y nunca al revés. En este contexto, en una reciente columna de opinión, el economista José Gabriel Palma, señaló: «Este tratado no es más que una garantía para que nunca se vaya a poder cambiar algo en materias económicas y de medioambiente que dichos conglomerados consideren ser 'no razonables'. Ellos pasan a ser los árbitros de lo posible. De lo contrario, van a tener que llover compensaciones millonarias. Es una garantía para seguir atados a nuestro modelo del rentismo fácil y sucio, el cual ya dio, y hace mucho, todo lo que podía dar. Es un simple amarre al statu quo ―y cuando más necesitamos flexibilidad de materias de política económica-.»

Movilización contra la firma del TPP-11 en Concepción. Año 2016. Archivo de Resumen.

Por su parte, la plataforma Chile Mejor sin TLC, alertó acerca de los riesgos implicados:

«Habrá menos presupuesto público para gasto social, pues el gobierno deberá reservar o pagar sumas millonarias: se multiplicarán las demandas en tribunales internacionales ante indicios de reformas en pensiones, salud o derechos de agua, consideradas como «expropiación» por los inversores internacionales.

Se mantendrá el rol de Chile como exportador de materias primas en bruto, por las restricciones impuestas por los inversores para transferir tecnología y/o crear empresas nacionales con valor agregado. Ello está relacionado con la explotación del litio y la creación de servicios públicos a fin de recuperar el agua.

Alertamos que la suscripción del TPP11 pondrá en riesgo conquistas laborales fundamentales, como el posnatal, o las vacaciones pagadas. Las pymes se verán en desventaja en las compras públicas, frente a las transnacionales favorecidas, que sólo aportarán más empleo precario.»

Hasta ahora, las organizaciones que bregan por la no adscripción de Chile al TPP-11 demandan que se proteja la soberanía nacional y los intereses de la población, además de que Gabriel Boric sea coherente con sus propias apreciaciones expresadas cuando era diputado y reconocía la pérdida de soberanía implicada en la adhesión a este acuerdo político y comercial.