Cuatro días han transcurrido desde el segundo atentado que afectó la oficina de RESUMEN, ubicada en pleno centro de Concepción. En el ataque fueron sustraídos algunos documentos e intentaron generar un incendio, el que esta vez no paso de amagos. Ante el hecho, desde el Colegio de Periodistas de Chile condenaron el acontecimiento y lo calificó como una agresión «en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información».

Por Juan Contreras Jara

Durante la madrugada del lunes, desconocidos ingresaron nuevamente al edificio donde Resumen mantiene su oficina, afectando a toda la planta con robos e intentos de incendio. Este atentado ya es reiterativo, debido a que hace sólo ocho meses, en junio de 2022, un ataque de similares características destruyó por completo nuestro lugar de trabajo.

Si bien esta vez no se tuvo que lamentar daños tan graves como los del año pasado, no deja de ser preocupante la seguidilla de ataques contra un medio de comunicación, situación calificada como gravísima desde el gremio. Ante el hecho, Víctor Pino, coordinador de la Comisión Nacional de Protección a la Prensa del Colegio de Periodistas, llamó a todas las instancias del Estado a defender la libertad de prensa, acotando que, «sin ella, no tendremos la transparencia, los controles y perderemos el poder investigativo que tiene la sociedad».

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Este nuevo atentado contra RESUMEN ocurre a menos de un año desde que desconocidos ingresaran a nuestras dependencias, robaran documentación e incendiaran la oficina, dejándola inutilizable. Pese a la gravedad del delito, robo con incendio, hasta la fecha Fiscalía no ha entregado avances concretos de las indagatorias.

Por otra parte, el silencio de instituciones como la Delegación Presidencial o el Gobierno Regional, abren el debate en cuanto a la desprotección de la actividad periodística en el Biobío y por supuesto, en Chile.

Ante la falta de acción del Estado, desde el Colegio de Periodistas de Chile expresan que, «su rol debiera ser proteger el ejercicio profesional de quienes se dedican a las comunicaciones. No puede ser que en un país democrático como Chile, todavía estemos en persecuciones judiciales, todavía veamos limitaciones a la labor periodística y en casos como el que sufrió infelizmente RESUMEN, veamos atentados. Sabemos que, con atentados como esos, nuestro país volverá al mapa de la violencia».

La urgencia de aprobar el proyecto de ley que protege a los y las trabajadoras de las comunicaciones

Fue en mayo de 2022, que, motivados por los hechos de violencia contra la prensa durante el Estallido y la falta de protección a la actividad periodística en Chile, diputados y diputadas, entre ella la expresidenta del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo (PC), presentaron un proyecto que busca resguardar a las y los trabajadores de las comunicaciones.

Cabe destacar que esta iniciativa no sólo persigue la protección desde el Estado, de los y las periodistas, sino que, de todas y todos quienes laboren en las comunicaciones, como reporteros gráficos, fotógrafos, audiovisuales, etc.

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Actualmente, dicho proyecto, al que el Gobierno le puso suma urgencia, ya pasó la Comisión de Artes, Cultura y Comunicaciones de la cámara baja, por lo que debería ser votada en pleno para seguir su rumbo hasta el Senado.

Ante la discusión de la iniciativa al interior del Congreso, Víctor Pino llamó a las autoridades a acelerar las votaciones, considerando que, «proyectos de ley, como el presentado, permiten avanzar hacia la legislación que protege el ejercicio profesional periodístico en nuestro país. Chile no ha sido condenado en vano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

La violencia hacia la prensa en Chile se puede evidenciar desde la dictadura cívico-militar hasta nuestros días, expresa el coordinador de la Comisión Nacional de Protección a la Prensa del Colegio de Periodistas, poniendo como último ejemplo, el caso de la comunicadora Francisca Sandoval, asesinada mientras cubría una marcha del Día de las y los Trabajadores.

Desde el gremio expresan que contar con esta ley no solamente le entrega protección a las y los trabajadores de las comunicaciones, sino que, además, permite combatir las fake news (noticias falsas), apuntando a que «los comunicadores, en el desarrollo de sus labores, permiten revelar  algunas de estas mentiras, que están hoy en día influenciando a nuestra sociedad».