Vecinos y vecinas de Cauquenes denuncian que la transnacional de capitales españoles Mataquito Transmisora de Energía S.A. comenzó trabajos de soterramiento de cableado de alta tensión del sistema de transmisión Itahue-Hualqui en una población donde se construyen viviendas sociales, pese a que esto no forma parte del proyecto, el que además recién será discutido en el consejo de ministros en 2024, por lo que no contaría con ningún tipo de permisos.

Por Alejandro Baeza

Mataquito Transmisora de Energía S.A. es la empresa que lleva adelante un proyecto que forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) decretado por el Ministerio de Energía, que pretende construir una línea de transmisión de una longitud aproximada de 318 km con una capacidad de 485 MVA por circuito, desde la subestación de Hualqui hasta la comuna de Itahue, en Maule.

No obstante, el proyecto es resistido por comunidades de las 21 comunas en tres regiones en que se instalarán las torres y cables de alta tensión. En este contexto, en 2021 nació la Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión que agrupa a las organizaciones que se oponen a la ejecución del proyecto por considerarlo nocivo para la salud de las y los habitantes, peligroso para los territorios naturales y porque, en sus palabras, sólo pretende abastecer de energía a la gran minería y exportación y no traería ningún beneficio a la población, la que sólo debería asumir sus externalidades.

El proyecto pretende la construcción de cinco nuevas subestaciones: Hualqui, Dichato, Nueva Cauquenes, Nueva Nirivilo y Mataquito, más cuatro líneas de transmisión en 66 kV.

Es precisamente la alimentación de Nueva Cauquenes -la subestación más grande del proyecto al ser la del centro- la que está en cuestionamiento por la comunidad de dicha comuna, pues para conectarla con la antigua subestación de Endesa, intentaron pasar el cableado de alta tensión por debajo de la población Fernández, particularmente en un cuadrante donde se están construyendo viviendas sociales, esto a pesar que el proyecto recién se encuentra en su etapa de evaluación ambiental, la que finalizará en agosto de 2024, fecha en que será evaluada por un comité de ministros, para recién tener algún permiso para iniciar obras.

Ricardo Palacios, presidente de la organización Atavid Cauquenes, señaló a RESUMEN que «es un terreno donde se están construyendo en un 1200 casas, un proyecto licitado por el Serviu a Constructora Independencia. Ya hay 245 casas que están listas, probablemente las reciban ahora a fin de año. Como hoy día la ley no permite colocar cables de alta tensión por arriba, decidieron soterrarlos, pese a que aún no tienen su RCA aprobada, por lo que no deberían estar haciendo ninguna obra.»

El dirigente señaló que se habrían percatado de las eventuales irregularidades al observar movimientos extraños en la zona, por lo que el pasado 13 de septiembre se acercaron al gerente de operaciones de la constructora cuando salía del lugar, quien aseguró desconocer obras de soterramiento de cables de alta tensión.

Atavid Cauquenes informó inmediatamente de estas irregularidades, por lo que el Serivu ordenó detener las faenas para investigar.

«Esto prendió las alarmas, acá todos tienen que rendir cuentas. Nosotros hablamos de una asociación ilícita porque se juntaron cuatro empresas, Mataquito Transmisora de Energía S.A., la misma Constructora Independencia que autorizó a Elecnor y a Velectric que realizó las excavaciones. Aquí hay un delito», comentó Palacios.

El dirigente además agrega que durante este tiempo han recurrido a múltiples instancias para informar los problemas, sin obtener respuesta: «hemos enviado oficios a la gobernadora regional, al delegado presidencial, al seremi de Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental y todos nos dicen que no tienen nada que hacer y que nos dirijamos a la Superintendencia de Medio Ambiente, ahora debemos ir a la Superintendencia de Electricidad. Pero si no hubiera habido delito ¿por qué el Serviu paró las faenas?»

«Este es un trabajo que se está haciendo a la mala, no hay nadie fiscalizando y este es un trabajo delicado, no puede hacerse así no más. Alguien tiene que rendir cuentas aquí y que se sepa.» agregó.

Además, desde la organización plantean que no hay un estudio serio para medir el impacto que el campo electromagnético provocado por los cables de alta tensión tendría en la población que vivirá en estas casas, pues en el proyecto presentaría sólo un multímetro corriente (también conocido como tester) como instrumento de medición, para aplicarlo en una bovina, lo que está lejos de la ofrecer la precisión necesaria para un proyecto de esta envergadura.

«En ninguna parte del proyecto dice que van a pasar cables por debajo de viviendas sociales. Si no tienen la RCA ¿A quién le están construyendo? ¿Quién está haciendo negocio? ¿Quién autorizó la construcción de esto? Entonces lo tienen listo, ya lo decidieron, para qué tanta participación ciudadana, reuniones pa acá, reuniones pa allá, es una burla para la gente.» comentó enfáticamente Palacios, deslizando sus críticas al sistema de participación ciudadana y su nulo impacto en las obras finales.

Finalmente, desde la organización señalaron que tienen evaluado presentar un recurso de no innovar hoy miércoles, en el que se encuentran trabajando junto a un equipo técnico. «Estamos unidos las tres regiones afectadas, este es proyecto grande así que debemos pelar unidos. Acá al Estado le da lo mismo por dónde pase, nosotros ocupamos el 13% de la energía, somos ave de paso no más, pero acá la energía va a las grandes mineras y a la exportación de energía» concluye.