A través de un comunicado público, la Comisión de Derechos Humanos y Memoria del Colegio de Antropólogas y Antropológos de Chile manifestó su preocupación por la situación del preso anarquista Francisco Javier Solar Domínguez en la cárcel La Gonzalina de Rancagua.

Por: Macarena Montes

Francisco es conocido por el bullado Caso Bombas de 2010 en donde se comprobó el montaje y fraude judicial estuvo envuelto por el entonces ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter (uno de los actuales querellantes) y el ex fiscal Alejandro Peña. Además, junto a Mónica Caballero fueron expulsados de España en 2017 tras ser condenados y pasar 4 años en la cárcel por colocación de artefacto explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza en 2013.

Solar fue acusado de enviar 2 bombas por correo el 24 de julio de 2019. Una de estas explotó en la 54° Comisaría de Huechuraba hiriendo a un Carabinero y la otra tenía por destinatario las oficinas del gerente del Grupo Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, ex Ministro del Interior del primer Gobierno de Piñera. Este último artefacto no detonó y fue desactivado por el GOPE

Además les imputaron la detonación de 2 artefactos en el edificio Tánica de Vitacura el 27 de febrero de 2020.

Franscisco fue detenido en julio de 2020. Posteriormente, durante el cumplimiento de su condena, Francisco fue diagnosticado con Diabetes tipo 2, en su declaración, la comisión de DDHH del Colegio de Antropólogas y Antropólogos indica que «las dos huelgas de hambre donde ha participado significaron un factor determinante en su condición, y sumado a las malas condiciones de encierro, ha generado un deterioro progresivo de su estado de salud y su calidad de vida» agregando que ha registrado valores 700 mg/dl de glucosa en la sangre estando al borde de un coma diabético.

Indican que Gendarmería ha impedido una evaluación médica independiente, además de la entrega de medicamentos en conjunto con alimentos para intentar paliar los efectos adversos que tiene la enfermedad, como por ejemplo reducción de la visión.

La comisión indicó que realizaron gestiones con el jefe regional del INDH David Bahamondes en diciembre de 2021, dándoles un plazo de ocho meses para su solicitud, la cual aún no tiene respuesta, según indicaron.