[resumen.cl] Esta semana llegó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia a registrar los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de agentes de Estado. Las principales ONG del país que registraron la violencia policial desde el inicio de las protestas entregaron sus datos a la entidad internacional. Por su parte Human Rights Watch publicó su informe que constata sendos crímenes policiales. Mientras tanto en el Valle del Cauca continúan ataques mortales contra dirigentes sociales.

Asesinatos selectivos en el Cauca

Según informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, este miércoles 9 de junio en el pueblo de Corinto: «Hombres armados sin mediar palabra acabaron con la vida de la lideresa indígena Páez Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué» informó Contagio Radio.

Páez Argenis Yatacué y Marcelino Yatacué, asesinados este miércoles en el Departamento de Cauca. Fuente: Contagio Radio

Esta semana se realizó la entrega de la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Este martes 8, el informe conjunto de las ONG Temblores, que junto al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cifra de al menos 3.798 personas afectadas por hechos de violencia por agentes de Estado, informó Radio Nacional de Colombia.

El informe indica que «Desde el día 28 de abril hasta el 31 de mayo, en el marco del Paro Nacional, hemos registrado que al menos ha habido 184 situaciones en las que la Policía ha accionado armas de fuego en contextos de las protestas. En estos 184 hechos, 70 personas han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas, es decir, por lo menos el 37.7% de los disparos activados han sidodireccionados directamente a los cuerpos de las personas manifestantes. Además, documentamos 16 casos de disparo de arma de fuego en medio de zonas residenciales que pusieron en grave peligro a niños, adultos mayores y familias en general».

El informe precisa que «Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo se han registrado 193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de las personas manifestantes. En estos hechos, 167 personas han resultado heridas, esto quiere decir que en un 86% de los casos ha habido una afectación directa, lo cual pone en evidencia que no se trata de hechos fortuitos. Entre los casos de disparo directo registrados encontramos que 62 personas han sufrido heridas oculares y 61 personas han sufrido heridas en otras partes de su rostro. Esto corresponde respectivamente al 37,5% y 36,9% de las personas heridas. Lo anterior muestra que no solo hay una intención de disparar a los cuerpos con las armas de letalidad reducida sino que también se apunta directamente al rostro en repetidas ocasiones, lo cual aumenta las posibilidades de causar heridas permanentes».

En el marco de la entrega del informe se realizaron varias movilizaciones.

Informe de Human Rights Watch: brutalidad policial y urgencia de nueva reforma para prevenir abusos

A través de un comunicado de prensa el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, enfatizó que  «Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas. Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes».

El reporte detalla que «34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos«.

Además, precisa que obtuvieron «evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar».

«Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras«, agrega.

La ONG estima que unos 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones, pero aclaran que esta cifra podría estar muy subestimada. Entre las personas heridas también se encuentran trabajadores y trabajadoras de prensa, periodistas y observadores de derechos humanos.

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Human Rights Watch también documentó al menos 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Como fue el caso del joven de 24 años, Elvis Vivas, quien fue asesinado de esta forma.

El informe recoge las cifras hasta el 14 de mayo proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, que reportó que «Había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género.» Pero conteos independientes registran más denuncias.

Desapariciones

En este aspecto, HRW señala que «al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas».

Pero aún persiste tanto la desesperante falta de información para las comunidades afectadas, como nuevos casos denunciados.

La necesidad de una drástica reforma policial en Colombia

Previamente, tras los abusos policiales cometidos del estallido de 2019 en el país, HRW había realizado peticiones para una reforma policial.

En su informe destacan que la policía en Colombia, al depender el Ministerio de Defensa, no tiene una separación civil clara con el resto de las fuerzas armadas y por ello reprime las protestas populares de manera extremadamente sangrienta, tal como un conflicto armado. «En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas» destacaron.

El reporte advierte de la extrema peligrosidad de «los disparos horizontales con arma Venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes».

Cabe recordar, que esta arma llamada Venom, lanzador múltiple de proyectiles con una capacidad de 30 cartuchos de lacrimógena, humo o aturdidoras, y comenzó a ser usada en estas protestas populares de 2021. Múltiples registros muestran el disparo de lanzadores Venom directamente hacia manifestantes.

El informe además hace énfasis en que no hay una cadena de mando clara, sobre quien dicta la órdenes sobre procedimientos policiales criminales.

Múltiples denuncias sobre disparos de variado tipo de munición, de manera indiscriminada sobre áreas residenciales.

Una alta frecuencia de estos disparos son directamente al cuerpo de las personas, a sabiendas que son armas letales por impactos, o que pueden producir graves mutilaciones.

Estos registros muestran cómo continúa la represión del ESMAD en Bogotá los mismos días de la publicación del informe.

Asesinatos por parte de agentes de Estado

16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales: siete tenían heridas en el tórax, seis en la cabeza y dos en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.

La Policía indicó a HRW que estarían usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, serían de plástico. Negaron que usaran escopetas de perdigones.

Presos políticos: Imputados por terrorismo sin más pruebas que testimonios judiciales

El informe destaca el caso de los presos políticos: «José Mauricio García Nieto, de 24 años; Dan Brayer Andrade Bolanos, de 22; Jorge Mario Ramírez Álzate, de 22; Daniel Navarrete Varón, de 22; Jorge Andrés Noguera Flórez, de 23; y Santiago Ramírez Duque, de 26, en la tarde del 25 de mayo en Tuluá, Valle del Cauca» quienes fueron imputados por terrrorismo en un irregular proceso judicial que los dejó en prisión preventiva pese a una evidente falta de pruebas.

Civiles armados atacando a manifestantes y dirigentes sociales 

El informe constata que «personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, departamento de Risaralda, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y líder social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le disparó y lo mató, un testigo que resultó herido le dijo a Human Rights Watch».

Por otra parte, se constató que «agentes de policía no reaccionaron debidamente cuando personas de civil atacaron a manifestantes. Human Rights Watch corroboró videos que muestran cómo hombres armados que en las imágenes se encuentran junto a la policía dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo».

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Pese a que la Policía Nacional de Colombia negó operaciones de agentes de civil, el informe constató que efectivamente «policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo».

Testimonios locales a distintos medios han registrado una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos y procedimientos brutales e irregulares a destajo, desatando de hecho una mayor ola de indignación en las protestas populares.

La sombra recurrente de la impunidad policial para cometer crímenes

En el Estallido de 2019 en Colombia, agentes de Estado también reprimieron con saña las legítimas protestas contra la desigualdad social y el abuso empresarial de décadas sobre la población.

El presente informe de Human Rights Watch destaca la total impunidad en que quedaron los efectivos, tras haber transcurrido casi 2 años: «No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019.»

El hecho de que sea la justicia militar y no la justicia civil, quien dicta sentencia, el informe apunta a que la impunidad permite que agentes sigan cometiendo horrendos crímenes de Estado.

«Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia» advierte el informe

Imagen principal: Extraída de https://www.radiomacondo.fm