[resumen.cl] Junto con la pandemia, la falta de protección social es la condena a muerte para nuestros adultos mayores. En un país donde las políticas públicas hacia la infancia están en entredicho, (ejemplo, SENAME) el problema de la creciente población de abuelos, ancianas o adultos mayores ni siquiera es tema.

Cabe recordar que el presupuesto anual del Sename es de $ 394.913.361 millones y a todas luces se muestra insuficiente, mientras que el del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) es de apenas $42.258 millones. Es decir, si el presupuesto de la más cuestionada institución pública es pírrico, el de Senama apenas alcanza para pagar los arriendos de las oficinas, salarios y gastos operacionales derivados de mantener este servicio de pantalla, que en la práctica no está garantizando ningún derecho ni dignidad.

Hay que partir reconociendo de inmediato ese simple hecho, en este país no existen políticas de protección social para los adultos mayores y la situación es extremadamente critica, considerando que en Chile llegar a la edad de jubilar significa en la práctica una condena a la pobreza garantizada, gentileza del sistema de AFP.

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Por este motivo es que muchos ancianos y ancianas que se ven obligados a sobrevivir a través del trabajo precario o la mendicidad, pues sus jubilaciones no alcanzan para subsistir. Autoridades políticas les alentaban hace unos meses a seguir trabajando, sin hacer cuestionamientos del modelo de previsión social que impide disfrutar de un merecido descanso después de toda una vida de trabajo.

El Senama fue creado el año 2002, luego de una serie de reportajes de televisión que mostraban las condiciones inhumanas y de maltrato físico y psicológico al que eran mantenidos en que en muchas instituciones eran sometidas personas de la tercera edad, sin que el Estado tuviera normativa alguna para regular un negocio cruel y despiadado de residencia de ancianos.

Sin embargo, esto no se tradujo en una mejora significativa, pues una institución con este presupuesto es un servicio raquítico, es incapaz no sólo de dar políticas de protección, sino también de fiscalizar. Los hogares clandestinos siguen existiendo, los abuelos y abuelas siguen siendo maltratadas, hasta situaciones que lindan en la tortura. La precariedad en los hogares con reconocimiento estatal es enorme, pero incluso en los recintos de ancianos para los sectores más pudientes del país se cometen una serie de irregularidades y abusos, como demostraron las denuncias realizadas contra el hogar Villa Soleares en la comuna de Las Condes, donde el costo por persona es millonario.

Aun así en este hogar se produjo un foco de contagio de COVID-19, provocando un número de residentes fallecidos, en un caso que todavía está en evolución. Las investigaciones constataron que quienes allí trabajan dormían en el suelo hacinados en una habitación, sin ningún resguardo a los contagios de la pandemia.

¿Qué espera a los miles de ancianos y ancianas que están en las precarias residencias reconocidas, donde las mensualidades pueden ir desde los 350 mil pesos al millón, o peor aun, para aquellos que no pueden pagar dichos hogares y están en residencias clandestinas?

¿Qué pueden esperar las abuelas que salen a trabajar a las ferias libres, al comercio ambulante, aquellas que mendigan por las calles en plena época de pandemia?

Ya los primeros días de marzo pudimos constatar las trágicas imágenes que nos llegaban de Italia y España, residencias de ancianos convertidas en morges llenas de cadáveres. En países donde el Estado descuidó la situación de los adultos mayores (con estándares mucho más altos que los existentes en Chile), fue donde se vieron precisamente las peores situaciones: Lombardía en Italia y la Comunidad de Madrid en España, donde se estima fallecieron  centenares de adultos mayores en residencias de esa comunidad autónoma española.

En Madrid tan sólo 25 de las 426 residencia de ancianos de Madrid son públicas, de las 399 privadas hay varias en manos de transnacionales de rubro o de magnates como Florentino Pérez (ex presidente del Real Madrid).

Millones de televidentes a través de todo el mundo vieron a la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmar que los soldados de este país habían descubierto a los residentes "totalmente abandonados", "viviendo en condiciones extremas", y hasta algunos habían sido encontrados "muertos en sus camas".

Hoy ya son varios los brotes de contagio en centros de adultos mayores en nuestro país. La situación recién comienza, sin embargo las condiciones sociales son tierra fértil para la expansión de la pandemia en un sector que es el más delicado ante ella.

Es de esperar que esta crisis nos sirva como sociedad, para generar un sistema de protección integral para nuestros adultos mayores, que parta por el fin del sistema de AFP, para garantizar pensiones dignas a quienes jubilan tras décadas de trabajo, pero también de residencias diurnas, lugares de corta y larga estadía dependientes de forma directa del Estado, que garantice derechos y dignidad a nuestras ancianas y ancianos, además de a sus familias.