[resumen.cl] Este viernes, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la misma ciudad que había decretado el arresto domiciliario total de cinco imputados en el caso del incendio donde murió el matrimonio Luchsinger – Mackay.

La defensa de Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Segundo Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra y Eliseo Ariel Catrilaf Romero, había conseguido que el Juzgado cambiase la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, no obstante, la Corte de Apelaciones determinó que "no existen nuevos antecedentes que permitan modificar los razonamientos tenidos a la vista al momento de decretar la prisión preventiva… considerando especialmente la gravedad de la pena asignada a los delitos por los cuales fueron acusados los encartados, la naturaleza y carácter de los mismos, circunstancias que hacen estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad». [Puedes ver la Resolución]

Con este fallo, la Corte implementa la "prisión preventiva" como una forma de aplicar castigo a miembros de comunidades inmersas en procesos de recuperación territorial. El encarcelamiento de comuneros bajo esta figura, mientras la Fiscalía busca probar sus imputaciones, ha sido común. Sin embargo, por la inconsistencia de sus pruebas, los acusados son absueltos, sin que el Estado se responsabilice por los perjuicios provocados en el contexto de su persecución y encarcelamiento.

La política de criminalización se orienta a acosar y también a profundizar la pobreza en las comunidades, pues el costo de las gestiones destinadas a la excarcelación de los presos y la imposibilidad de trabajar por parte de éstos, genera una merma en los ingresos con los cuales las familias subsisten.

De este modo es cómo opera una de aristas de la política capitalista del Estado chileno, frente a quienes se han dispuesto a recuperar los territorios de los cuales el empresariado ha usufructuado hasta ahora.

Foto: pjud.cl