Si hay otro delito que involucra más a Carabineros de Chile, aparte de la violación a los Derechos Humanos, es el robo y posterior tráfico de armas y municiones al crimen organizado. Esta vez se trata de una banda de 5 funcionarios de la institución en Talagante, tres de ellos ya condenados por la venta y compra de armamento. En lo que va del año, efectivos policiales se han enviado balas por encomienda y supuestamente perdido decenas de pistolas y tiros.

Por Juan Contreras Jara

El hecho ocurrió en la 23 Comisaría de Carabineros de Talagante, en la región Metropolitana, e involucró a 5 efectivos policiales, tres de ellos recontratados por la institución luego del retiro, según consignó Ciper. 

Se trata de Marcelo Catalán García, Fernando Alvial Soto, Marcos Garrido Sánchez, Rodrigo Rojas Cortés y Cristián Arriaza Arriaza. Todos recibieron incluso el doble del precio de las armas suministradas al crimen organizado, por medio de la compra, a su nombre, del armamento que luego vendían. El ilícito, por el que fueron condenados a penas en libertad y el pago de multas, se habría cometido entre 2013 y 2015, resultando, según la Fiscalía, 118 armas traficadas.

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Cabe destacar que, en Talagante, una sección de la 23 Comisaria de Carabineros era uno de los puntos de fiscalización del control de armas de Chile. Sobre este tema, el fiscal a cargo de la investigación, Heriberto Reyes, relató que, al allanar la documentación de la mencionada división, un gran número se encontraba extraviada.   

La gran mayoría de las armas traficadas por los carabineros eran Glock, y por cada una de ellas obtenían hasta 2 millones de pesos al interior del crimen organizado, cuando en una armería éstas no superaban los $600.000.

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Dentro de su mecanismo estaba el reclutamiento de personas mayores de edad y sin antecedentes para que compraran a su nombre las armas que luego introducirían a más del doble de su precio al crimen organizado.

Pese a toda la evidencia en su contra, Marcelo Catalán García, Fernando Alvial Soto, Marcos Garrido Sánchez, Rodrigo Rojas Cortés y Cristián Arriaza Arriaza fueron condenados a penas en libertad. Estas van de condenas de presidio menor en su grado mínimo, inhabilitación perpetua para derechos políticos y en un caso, la suspensión condicional del proceso por un pago de $300.000 a Bomberos.

Revisa el reportaje completo de Ciper aquí.