Una trabajadora pública se suicidó luego de acusar maltrato, la Dirección del Trabajo informó que se registran miles de denuncias por ley Karin en los primeros cinco meses desde que entró en vigor, mientras autoridades crean clima de penalización contra el acceso a licencias médicas como respuesta a un informe acerca de ausentismo laboral en el sector público.

Aniceto Hevia

El pasado martes se conoció el suicidio de una trabajadora del Ministerio de Hacienda lanzándose desde el piso 14 del edificio de la misma repartición minutos después de enviar un mensaje a sus colegas a través de una plataforma de comunicación digital, afirmando: "R. C. R. y V. K. son maltratadores. Avisen a la ACHS. Hagan sumarios". En un comunicado, la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda informó que la trabajadora se llamaba Paula Silva Terreros y añadió que «este doloroso suceso nos exige un compromiso renovado con la dignidad y el bienestar de quienes dedicamos nuestra labor al servicio de la ciudadanía».

La muerte de Paula Silva Terreros se suma a la de Hugo Morales Lobos, un gásfiter de 63 años, que en la madrugada del sábado 28 de septiembre del pasado año murió de un paro cardíaco cuando laboraba en un turno que ya sumaba incesantes 18 horas en el subterráneo de La Moneda. Su muerte, junto con develar la sobrexigencia habitual de quienes desempeñan oficios en el palacio presidencial, también visibilizó actos de agobio por parte de jefaturas, la insuficiencia de personal contratado provocando sobrecarga laboral y también la existencia de sucesivas denuncias que no corrigieron tales prácticas.

Ante estos dos fallecimientos, la respuesta de autoridades políticas ha sido la misma: lamentar, declarar condolencias y concluir que se harán las investigaciones pertinentes. Como adelanto de ello, cabe señalar que la familia de Hugo Morales Lobos ya acusó falencias procedimentales: que su muerte fue considerada como un accidente de causa u origen común con ocasión del trabajo, no por causa laboral por la Mutual de Seguridad CChC, y que el fiscal de turno no ordenó la realización de una autopsia a su cuerpo, entre otras.

El mismo martes 14 de enero, la DIPRES dio a conocer el estudio Radiografía del Ausentismo Laboral en el Sector Público, focalizado en el año 2023, con resultados inquietantes, pues la tasa de ausentismo laboral (el porcentaje de días de trabajo hábiles perdidos en relación con el total de días de trabajo previstos y/o programados) fue la siguiente en las mencionados áreas:

Educación escolar y pre-escolar: 11,9%
Salud: 10,8%
Fuerzas de orden y seguridad: 8,6%
Servicio de atención al público: 7,4%
Fiscalizador y/o regulador en terreno: 6,2%
Subsecretarías y Ministerios Políticos: 6,2%
Ejecución de programas: 6,0%
Inversión: 5,3%
Servicio especializado: 4,5%
Fiscalizador y/o regulador institucional: 4,3%

Es necesario consignar que estas cifras excluyen el ausentismo por permisos paternales, días administrativos, permisos sin goce de sueldo y por licencias médicas parentales.

El informe concluye señalando que «si bien la evidencia encontrada no permite identificar las causales que expliquen el ausentismo laboral en el sector público, sugiere la necesidad de evaluar y monitorear con mayor énfasis el uso de licencias médicas, sus factores asociados…»

A propósito de estas cifras, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló a la prensa que «habría una iniciativa piloto para reconocer a los funcionarios y funcionarias de aquellos servicios que tengan una reducción importante de sus niveles de ausentismo cuando estos no tenían una justificación adecuada o simplemente atacando las causas del mismo» (sic).

Al revisar las Estadísticas de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral del año 2023 (las últimas disponibles) se puede observar que los denominados trastornos mentales (32%) y las enfermedades osteomusculares (18%) concentran la mitad de licencias médicas tramitadas durante tal periodo. Más aún, en cuanto al uso del subsidio por incapacidad laboral (extraído de la cotización de salud), las licencias médicas por diagnósticos asociados a trastornos mentales representaron el 43% del gasto total.

En un reciente informe, la Dirección del Trabajo consignó que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, se recibieron un total de 21.864 solicitudes de denuncias de infracción a la Ley Karin (Ley 21.643, de Prevención y Protección contra el Acoso Laboral, Sexual y Violencia en el Trabajo). De ellas se clasificaron como propias de esta norma 9.151 solicitudes, pues el resto podría estar asociada a una infracción a las normativas laborales, previsionales, de seguridad y salud en el trabajo; la posible vulneración a derechos fundamentales; o no fueron registradas por motivos formales. O sea, sólo en cinco meses de vigencia de la ley, millares de trabajadoras/es se han acusado diversas vulneraciones de derecho en sus empleos, en el ámbito público o privado.

Ahora bien, aunque la propia DIPRES reconoce en su informe que el ausentismo laboral «es un fenómeno complejo de abordar, debido a su origen multifactorial», la idiosincrasia patronal de diversas autoridades políticas las induce a crear un clima de penalización contra quienes requieran y obtengan licencias médicas, y es previsible que pronto intenten establecer mecanismos obstructores para su acceso.

Estas autoridades, azuzadas por gremios empresariales y sus medios de prensa afines, eluden abordar el fenómeno en su integridad y optan por atacar uno de sus síntomas, al tiempo que las condiciones organizativas de la clase trabajadora son de una debilidad supina, mostrándose impotente para intervenir en un debate sensato respecto a este problema tan sensible.