El anuncio del presidente Boric en cada nacional de un aumento de 4,2% del presupuesto para 2023, estuvo marcado, entre otras cosas, por el incremento fondos que tendrán las policías con motivo del combate al crimen organizado, pero sin ningún tipo anuncios a su forma de funcionamiento, en una semana donde informes hackeados han demostrado como la inteligencia policial dedica enorme cantidad de tiempo y recursos para investigar ciclistas, talleres de poesía u ollas comunes.
Por Alejandro Baeza
En una cadena nacional el presidente, Gabriel Boric, entregó los ejes principales del presupuesto 2023, el que estará caracterizado por una inversión pública que crecerá 4,2%.
Destaca el anuncio de en obras públicas, con $1,6 billones para un programa que «permitirá seguir mejorando y construyendo carreteras, puentes y aeropuertos a lo largo y ancho de todo Chile», en palabras del mandatario, así como ampliación de vías férreas. Así también, comentó una inversión de $76 mil millones para ciencia y tecnología.
No obstante, llamativo resulta el anuncio que hizo Boric de aumentar el presupuesto asociado a orden público y seguridad aumentará en $164 mil millones, es decir, un 4,4% más respecto de este año. En este sentido, también señaló que $38 mil millones irán a nueva «Política Nacional Contra el Crimen Organizado», que incluye un aumento en $25 mil millones el presupuesto a Carabineros, duplicando el ritmo de crecimiento de recursos de los años anteriores.
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Este aumento de fondos se anuncia en una semana marcada por los informes dados a conocer tras al hackeo al Estado Mayor Conjunto que dan cuenta del trabajo de inteligencia de las policías para espiar y perseguir a organizaciones sociales (medio ambiente, ollas comunes, recolección de alimentos) así como a militantes de partidos políticos de izquierda y centroizquierda.
Una confirmación de lo ya expuesto en el denominado PacoLeks, otra exposición de documentos por un hackeo llevado a cabo esta vez por el grupo Anonymous en el contexto del Estallido Social, que demostró que Carabineros es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales, de pueblos originarios, entre otros. Incluso a quiénes los critican públicamente, a periodistas que destapan episodios de corrupción, etc.
Al no ser su objetivo único la persecución a la delincuencia, ha permitido el crecimiento del crimen organizado y redes de narcotráfico -como el ingreso del «Tren de Aragua»-, principales padecimientos de la población en este momento.
Además, el denominado «Paco Gate» ha dejado en claro las redes de corrupción al interior de la estructura y forma de funcionamiento de Carabineros dio pie a una red de fraude al fisco de buena parte de la alta oficialidad, que se tradujo en el mayor robo de la historia de Chile con más de 30.000 millones de pesos.
Por ello es que para combatir la delincuencia y proteger a la sociedad del crimen organizado es necesario una transformación sustancial en las policías. Entregar mayor presupuesto manteniendo su forma de funcionar es insuficiente para las urgentes necesidades, pues sólo implicará la reproducción de su actual desempeño.