La conmoción que ha generado las últimas tres bajas en Carabineros en lo que va del año, ha instalado en la opinión pública la idea de que este sería el momento de mayor desprotección de las policías al momento de desarrollar su labor, olvidando que, en 2015 y 2016, también fueron asesinados tres carabineros en un mes, eso sí, sin el revuelo mediático actual. Por ello, salta la interrogante: ¿le importa realmente la integridad de las y los funcionarios policiales al Congreso o se trata de un proceso de espectacularización con finalidades políticas?

Por Juan Contreras Jara

El trabajo de Interferencia pudo corroborar, a través de la revisión del memorial virtual de Carabineros de Chile, que desde 2001 a la fecha, han sido asesinados 44 funcionarios policiales, de 146 «mártires» de la institución. En el conteo se pudo apreciar que, solo en 2001, bajo la dirección del general director, José Bernales, se registró un asesinato cada 114 días, diez más que los perpetrados durante la administración de Yáñez.

Otro dato importante recabado por el citado medio, da cuenta de que, durante la dirección de Gustavo González, imputado por malversación de caudales públicos, y la de Bruno Villalobos, implicado en la llamada Operación Huracán, también fueron asesinados tres funcionarios de Carabineros en un mismo mes.

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Lo anterior viene a desarmar el discurso hegemónico instalado en la agenda de los medios y, por ende, en la pública, de que Carabineros vive hechos de violencia en su contra «nunca antes visto». La diferencia radical de las muertes antes descritas, producidas entre 2015 y 2016, es que no contaron con la utilización mediática de las del cabo Daniel Palma, la sargento, Rita Olivares, y el cabo primero, Alex Salazar.

Entonces, por una parte, habría que desmitificar la idea de que las agresiones contra carabineros de este tipo no tienen precedentes, y por otra, identificar donde está dirigida la atención y tratamiento de los grandes medios de comunicación.

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Lo anterior, considerando que nada se habla de los casos de corrupción al interior de Carabineros, traducidos no solo en el robo de fondos públicos, sino que en la constante venta de armamentos y municiones al crimen organizado. Menos se mencionan las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Estallido, ni tampoco, la falta de preparación táctica de dicha policía al momento de enfrentar operativos que impliquen el combate al narco.