La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al fiscal general de Polonia, terminar con el régimen de aislamiento que sufre el periodista vasco Pablo González, retenido por el gobierno polaco hace más de un año en condiciones de encierro, que, durante el primer periodo, no contó con acceso a defensa ni visitas.

Por Joaquín Pérez

Pablo Gonzalez es un periodista vasco que cubría el conflicto en Ucrania cuando recién se iniciaba, sin embargo, al salir por la frontera polaca fue detenido por organismos de seguridad, acusado de trabajar para los servicios secretos rusos.

El delito de González era haber nacido en Rusia y tener doble nacionalidad, la del estado español y la federación rusa. A partir de ahí se abrió el calvario para el periodista que trabajaba para diversos medios españoles, traducido en aislamiento e incomunicación, prohibición de acceso a su abogado y a su familia, todas medidas que violan las normas de la Unión Europea y una serie de acuerdos internacionales en materia de justicia y Derechos Humanos, además del atentado a la libertad de información que el encarcelamiento de un periodista significa.

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La detención de Pablo González se dio en el contexto de la guerra de propaganda que va en paralelo a toda guerra. Los países de la OTAN censuraron todos los medios rusos en Europa, no solo a través de señales aéreas o de cable, sino incluso de internet. En este contexto se inscribe la detención de Pablo González, un reportero de guerra con experiencia y trayectoria, quien era visto como un peligro para quienes necesitan manipular a la opinión pública, con el discurso facilista y patriotero de siempre, durante un conflicto bélico.

Amnistía Internacional reclama que, si bien hoy Pablo González ya puede tener contacto regular con su abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, no contó con asistencia legal en los momentos claves de su detención y encarcelamiento.

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Todavía hoy no se le permite tener un contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o video llamada, y solo se le permitió tener una visita de su compañera Oihana Goiriena en noviembre de 2022.

El pronunciamiento del organismo de DDHH añade que «las personas detenidas, incluidas los que se encuentran bajo custodia policial o en prisión preventiva a la espera de juicio, deben recibir todas las facilidades razonables para comunicarse con sus familiares y amistades y recibir visitas de ellos".