«El lunes 8 de julio el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter (extrema derecha), quiere desalojar nuestro campamento. Está pidiendo apoyo a otros municipios para irse contra nosotros. Los Carabineros ratificaron la información y nos avisaron que harían un operativo para sacarnos del terreno. Eso sí, los Bomberos se negaron a hacerse parte de la maniobra cobarde de Carter», afirmó María José Sánchez, dirigenta del Campamento Dignidad de La Florida, madre de tres hijas y comerciante.
Andrés Figueroa Cornejo
La lideresa del Campamento Dignidad, asentamiento humano ubicado al pie de la Quebrada de Macul, en la periferia de la Región Metropolitana del país andino, relató que en enero de 2025 cumplen 5 años de existencia. «Somos más de 700 familias. El 2020 integramos el catastro estatal de campamentos a nivel nacional y desde entonces estamos trabajando un proyecto de solución habitacional definitiva», detalló Sánchez.
– Tú has estado desde el principio en el campamento, ¿por qué tomaste una decisión tan radical?
«Desde la primera quincena de enero de 2020 vivo aquí con mi familia. Y nos vinimos por necesidad. Por la necesidad de contar con el derecho humano a la privacidad. Antes arrendamos una misma casa con 5 familias más. El hacinamiento sólo provocó problemas. Ni el amor podíamos hacer tranquilos. Entonces tomamos la decisión. Primero levantando carpas en el sitio y luego de un año logramos fabricar de manera autogestionada una casa sencilla, que sabemos que sólo es transitoria, pero que nos permite dormir abrigados, sin frío ni miedo.»
– El alcalde Carter y los medios masivos de comunicación siempre los presentan a ustedes como delincuentes. ¿En qué se desempeña la población del campamento?
«Acá hay gente con estudios, oficios y profesiones. La comunidad está llena de obreros, carpinteros, soldadores, comerciantes, conductores de redes de buses y colectivos, trabajadores del aseo y la higiene sanitaria. Y el narcotráfico no se ve en nuestro espacio. Nosotros mismos mantenemos el orden, hay horarios convenidos para dejar de hacer ruido por respeto a las personas que trabajan y los chicos que estudian. No somos un gasto del Estado, como algunos creen. Hicimos una cancha al centro del campamento que la hemos usado para edificar escuelitas, sedes vecinales, recreación para los niños y ollas comunes. Nosotros mismos forjamos nuestras vidas.»
– Ustedes firmaron un acuerdo con el alcalde Carter. ¿Por qué dicen que ese compromiso se transgredió?
«Los terrenos en los que vivimos son municipales. El 11 de julio del año 2022 firmamos un acuerdo con Carter que consistía en trabajar en conjunto una solución habitacional definitiva y definitoria para nuestras familias; presentar un trabajo de aldea transitoria para las familias que van a ingresar al proyecto de solución definitiva, lo que estamos elaborando con diversas entidades del Estado desde hace un tiempo. De hecho, tenemos una mesa de trabajo todos los meses. Y esa faena debemos terminarla en tres años, fecha que expira el 11 de julio de 2025, o sea, en un año más. Por eso podemos asegurar que Carter rompió el acuerdo que firmó con nosotros.»
– ¿Y por qué lo hizo?
«Porque él y otras autoridades, incluso su delfín para las próximas elecciones municipales, Daniel Reyes, querían implicarnos en un negocio inmobiliario que significaba ubicarnos en hectáreas del Parque y Bosque Panul, un pulmón ecológico de la zona protegido por organizaciones ambientalistas. O sea, nos quería usar de punta de lanza contra otros luchadores sociales para sus fines y, por supuesto, no aceptamos.
Con la orden de desalojo de Carter, también se demuestra que nos está utilizando para su beneficio político. Antes llevaba una máscara de buena gente, pero ya se la quitó y ahora todo el mundo sabe que es un pinochetista. Hace poco dijo a la prensa que quiere ser presidente de Chile o por lo menos llegar al Congreso. Hasta le dicen el Bukele chileno por lo represivo y autoritario. Cree que desalojar pobres sin vivienda es bien mirado por el resto de la sociedad, y así se pone ‘a la moda’ de andar expulsando pueblo sencillo de ocupaciones de terrenos.»
El Campamento Dignidad se encuentra en alerta y convicción de lucha. Ha recibido la solidaridad de organizaciones sociales y políticas, de Tomas y Campamentos en Resistencia, de personas comunes conscientes de los derechos humanos y sociales.
«Nosotros le pedimos apoyo a la sociedad. Nadie vive al borde de un canal por gusto, ser vulnerados frecuentemente, quedar sin luz ni agua, pasar un invierno embarrados. Nosotros no estamos aquí porque queremos. Ahorramos peso a peso para conseguir nuestro subsidio habitacional. No llegamos hasta aquí rompiendo cercos ni agrediendo a nadie. Este sitio era un basural y con enorme esfuerzo auto-construimos una población por necesidad y para una vida más justa para nuestras familias y nuestros hijos», finalizó María José Sánchez.
Fotografía principal extraída de Escuelita Dignidad