[resumen.cl] Esta semana los reyes de Noruega Harald V y Sonja, visitan Chile en el marco de los 100 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países. No lo hacen solos, junto a ellos se desplaza una comitiva de 60 empresarios de esta nación escandinava, principalmente, del negocio salmonero. De hecho, uno de los hitos de esta visita oficial es la inauguración en Puerto Williams, estrecho del Beagle, de una salmonera de capitales noruegos.

La expansión de la industria salmonera hacia los mares del sur se da en un contexto de profundo cuestionamiento a este sector extractivista. Todas las etapas de su circuito de producción de mercancías en base al cultivo de salmones introducidos a los ecosistemas locales generan impactos ambientales como: alta demanda de harina de peces silvestres e insumos de la agroindustria; contaminación en ríos, lagos y zonas costeras con basura, residuos orgánicos, compuestos tóxicos (pesticidas) y antibióticos; contribución a la diseminación de organismos parásitos y a la propagación de microalgas, y también de los propios salmones mediantes escapes masivos, entre otras consecuencias. Además, múltiples denuncias indican que empresas suelen operar en el margen de la legalidad, sin problemas para traspasarla, amparados probablemente en la escasa capacidad de fiscalización estatal y la remota ubicación de sus centros de cultivo en los fiordos australes.

Junto a esto, las deplorables condiciones laborales con las que trabajadores y trabajadoras del sur de Chile históricamente han sido explotados por estas empresas, han generado muertes, enfermedades y trastornos culturales en las últimas décadas.

Cabe recordar que Noruega es el primer productor mundial de salmones cultivados, y el segundo es Chile. Precisamente, empresas salmoneras de Noruega y el sector financiero de la nación nórdica son importantes inversores de la industria salmonera chilena, donde operan las cuestionadas empresas Marine Harvest (Mowi) y Mainstream (Cermaq).

En Puerto Williams, última ciudad habitada del mundo, en medio de una zona de reserva de la biosfera donde habitan los últimos yaganes, también hay resistencia a la instalación de salmoneras. Esta semana el medio especialista en temáticas ambientales Mongabay denunció que precisamente la empresa Nova Austral S.A. se está instalando en las prístinas aguas de la reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

Es en este contexto que la autoridad política del nuevo Servicio Nacional del Patrimonio, Carlos Maillet, habría decidido la desvinculación del Director del Museo Antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams, el Sociólogo Alberto Serrano.

Serrano se ha desempeñado como un profesional con una fuerte vinculación con la comunidad yagana ahí residente, a quien las autoridades políticas locales del gobierno de Piñera asociaron a la oposición a los proyectos salmoneros. Su salida habría sido solicitada a Carlos Maillet, quien comunicó el despido solo a días de la llegada de los reyes noruegos, en una especie de sacrificio y ofrenda a la industria salmonera.

La reacción a la determinación de Carlos Maillet ha sido contundente, no solo desde la comunidad de Puerto Williams y la Región de Magallanes, incluidos sus representantes políticos, sino además de los gremios del Servicio Nacional del Patrimonio, colegios profesionales de Arqueólogos, Antropólogos, comunidades indígenas, y parte de la comunidad académica e intelectuales, quienes denuncian que esto demuestra precisamente la fragilidad de la institucionalidad cultural y del patrimonio en nuestro país.

En declaraciones a la Prensa Austral el presidente regional de Anatrap (Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio), Juan Pablo Martínez señaló al respecto que "se está pasando por alto todo lo que tiene que ver con el orden administrativo y con el trabajo de la función pública, como equipararlo a un trabajo privado cuando se saca a un funcionario por necesidades de la empresa.  Nos parece que hay un derecho fundamental de libertad de expresión, el cual Alberto ejerció durante sus tiempos libres y que por eso hoy es perseguido".

Este bochornoso espectáculo hace recordar diversos escándalos de financiación ilegal de la política que salpica a sectores empresariales, incluidos los referidos a la llamada "Ley de Pesca".

La destitución de un director de Museo que resguarda el Patrimonio de una zona tan emblemática de este país y del mundo, por el probable lobby de un grupo de empresas salmoneras, dejaría al descubierto el nivel de descomposición de la clase política y del propio Estado en nuestro país.