[resumen.cl] Omar Jerez y Jeremy Ramírez fueron absueltos del proceso que se desarrollaba en su contra por los delitos de incendio calificado y daños agravados generados en el marco del Estallido Social en la quema del Metro La Granja en octubre de 2019. El Tribunal estableció que las pruebas presentadas en su contra «generaban dudas».
Este martes el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Omar Jerez y Jeremy Ramírez por el incendio de la estación de Metro La Granja, caso que contaba con el precedente de haber sido anulado anteriormente por petición de la Fiscalía Sur.
Acorde a lo recopilado por RBB, en este segundo juicio se estableció que las pruebas presentadas por los querellantes «generaban dudas», por lo que no se logró establecer su nexo con la generación del incendio, por lo que ambos fueron absueltos.
Sin embargo, Jeremy Ramírez fue condenado por daños relacionados al hecho pero no por el delito de incendio, reflejando el fracaso de las investigaciones lideradas por el Ministerio Público en base a un proceso judicial que finalmente no llegó a puerto.
Te puede interesar| Comisión de Constitución aplazó tramitación del proyecto de Indulto General
La necesidad de concretar el Indulto General
El proyecto de indulto general está siendo discutido desde diciembre de 2020 y ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y la de Constitución del Senado, esperando sea discutida y votada por la sala de la cámara alta.
La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.
Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.